A continuación reproducimos el manifiesto publicado en 2006 con ocasión del 75º aniversario de la II República.MANIFIESTO DE UGT ANTE EL 75º ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA II REPUBLICA ESPAÑOLA
La instauración de la II República, hace ahora setenta y cinco años, constituyó un acontecimiento extraordinariamente positivo que la UGT tiene que recordar y celebrar, por su profundo significado social y político en la historia reciente de España.
Poniendo fin a un régimen caduco, la República abría un horizonte nuevo al pueblo español, aportando un impulso vital que debía traer consigo la democratización, el progreso social y la modernización de nuestra vida pública, y de toda la sociedad española.
Hay que destacar la obra transformadora que llevó a cabo en el terreno de las relaciones sociales y laborales, con avances de gran calado hacia la justicia social, hacia la elevación del mundo del trabajo y de las clases populares más desfavorecidas. Aquella oportunidad no era producto del azar sino fruto de décadas de lucha contra la explotación y la desigualdad, una larga lucha por la dignidad de los trabajadores que, desde su condición de proletarios oprimidos, habrían de convertirse en ciudadanos de pleno derecho.
El bienio reformista (1931–1933) registró una actividad extraordinaria por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, encabezado por Francisco Largo Caballero, quien se propuso la creación de un nuevo sistema de relaciones laborales, completo y moderno. De manera inmediata se puso manos a la obra, con su conocida serie de Decretos que, tras la aprobación de la Constitución(1), deberían convertirse en leyes.
La primera labor legislativa consistía por tanto, en regular las relaciones entre trabajo y capital sobre principios de justicia y equidad.
En este sentido fueron cruciales: la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Jurados Mixtos y la Ley de Colocación Obrera. Un proyecto que no prosperó fue el conocido por “Control obrero en la industria” que se proponía introducir una cierta participación de los obreros en la dirección y en la administración de las empresas, (conforme al art. 46 de la Constitución que, a su vez, se inspiraba en el sistema alemán de Weimar, de 1919 y que no tenía nada que cuestionase el sistema de producción vigente ...).
La Ley de Contrato de Trabajo constituía un elemento clave del nuevo derecho laboral, en que se avanzaba notoriamente hacia un mayor equilibrio en la relación capital–trabajo. Mejorando experiencias propias anteriores y recogiendo innovaciónes de otros países, esta Ley establecía una regulación muy completa y moderna, que bien merecería ser analizada con detenimiento en la época actual.
Pieza igualmente esencial, de la reforma laboral republicana fue, la institución de los Jurados mixtos profesionales, establecidos para todas las ramas de producción incluido el campo, y a los que se dota de jurisdicción y competencias muy superiores a las que habían tenido otros organismosparitarios con anterioridad.
Los Jurados Mixtos eran vistos con manifiesta hostilidad por parte de gran número de empresarios que encontraban en ellos un claro impedimento a su tradicional poder absoluto.
De marcada importancia fue asimismo la Ley de Asociaciones Profesionales –patronales y obreras– elemento imprescindible para que pudiera funcionar el nuevo sistema de relaciones laborales .
Y otra norma de gran alcance fue igualmente la Ley de Cooperativas, promulgada también en el mismo periodo.
El objetivo central de la política social de la República era la dignificación del trabajo tanto del obrero urbano como del campesino trabajador. Puso para ello los instrumentos normativos que habrían de elevar sus condiciones de trabajo y de vida así como su cobertura social.
Una de las preocupaciones primordiales del primer gobierno republicano, fue sin duda la situación del obrero campesino; hasta el punto de poder afirmarse que con los decretos y leyes de Largo Caballero, habría de llegar al campo la democracia social. La aplicación de la jornada de 8 horas, la Ley de Términos Municipales, la extensión por ley de los Jurados Mixtos al trabajo rural, la Ley de Laboreo Forzoso, la creación de Bolsas de trabajo, la regulación de los
Arrendamientos colectivos, el seguro de desempleo, la Ley de accidentes laborales agrícolas fueron, entre otras, disposiciones que cambiaron hondamente el panorama social agrario en nuestro país.
El obstruccionismo de la derecha en la tramitación parlamentaria y, sobre todo la resistencia a aplicar la nueva legislación provocó una abundante conflictividad y redujo considerablemente el alcance real de las reformas.
Por otra parte, la República emprendió una de las tareas más urgentes que se planteaba entonces en nuestro país, que era la realización de una Reforma agraria. Se creo una Comisión de reformas que daría paso a una Ley de Bases y posteriormente a la Ley de Reforma Agraria.
El Instituto de Reforma Agraria creado al efecto se encargaría de determinar las tierras a expropiar, su modo de explotación, y el asentamiento en ellas de familias campesinas.
Las dificultades jurídicas, técnicas y financieras, y especialmente la actitud de boicot a la misma, por parte de los terratenientes impidieron que se efectuara la Reforma a gran escala obteniéndose resultados de un nivel muy inferior a loque en 1931 se estimaba como necesario.
En todo caso, y pese a los retrocesos producidos con los gobiernos de laderecha (1934–1935), la Reforma Agraria era ya un hecho incipiente que se habría desarrollado convenientemente dentro de la legalidad republicana de no haber sido violentamente quebrada ésta por el golpe militar franquista.
En materia de Previsión Social, los objetivos inmediatos de la República eran: la aplicación de los convenios internacionales, el funcionamiento efectivo de las instituciones existentes, la extensión al obrero campesino de la cobertura social establecida en la industria, y los trabajos necesarios para la creación de un sistema unificado de seguros sociales.
En este sentido, el 1º de octubre de 1931 entraba en vigor el seguro de maternidad. Por Decreto de 25 de agosto de ese mismo primer año se reguló el seguro de accidentes de trabajo en la agricultura; también en esa etapa se tomaron diversas iniciativas dirigidas a organizar un seguro contra el paro: el 25 de mayo de 1931 se crea “un servicio para el fomento y régimen de la previsión contra el paro involuntario del trabajo”, mediante una Caja Nacional, dependiente del INP. En Cuanto a la aspiración de constituir en su día un sistema de seguro integral, ésta fue una preocupación constante desde la proclamación de la República, y por Orden de 10 de mayo de 1932, el Instituto Nacional de Previsión recibía el encargo oficial de preparar un anteproyecto de seguros sociales unificados. El derrocamiento de la República impediría que estos planteamientos, como tantas otras cosas, pudieran prosperar.
Por lo que se refiere a la situación de la sanidad, (dependiente, entonces, del Ministerio de Gobernación) hay que decir que nuestro país padecía un acusado retraso en relación con Europa.
Con la República, además de incrementarse espectacularmente la inversión presupuestaria en Sanidad, se dieron pasos significativos hacia un modelo de sanidad pública de carácter progresista.
***************
Junto a lo ya señalado la República abordó con decisión grandes cuestiones pendientes que venían impidiendo el desarrollo de nuestro país –cuestión religiosa, papel del ejercito, reconocimiento de las autonomías– al tiempo que realizaba políticas de expansión y progreso en materias como derechos de la mujer, educación, cultura popular, humanización del sistema penitenciario, investigación científica.
El impulso democratizador que significó la experiencia republicana continuó en la memoria colectiva de todo un pueblo a pesar de que la rebelión militar de 1936 truncó los proyectos de libertad y progreso colectivo que encarnaba la República
En este 75º aniversario de la proclamación de la II República la UGT quiere tributar un profundo homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que con su entusiasmo y su trabajo impulsaron y apoyaron siempre el genuino proyecto republicano de justicia social, de libertad y de progreso para el pueblo español.
Su recuerdo está vivo en nosotros –también en muchos jóvenes– y nos mueve hoy en día a defender sus mismos ideales.
Poniendo fin a un régimen caduco, la República abría un horizonte nuevo al pueblo español, aportando un impulso vital que debía traer consigo la democratización, el progreso social y la modernización de nuestra vida pública, y de toda la sociedad española.
Hay que destacar la obra transformadora que llevó a cabo en el terreno de las relaciones sociales y laborales, con avances de gran calado hacia la justicia social, hacia la elevación del mundo del trabajo y de las clases populares más desfavorecidas. Aquella oportunidad no era producto del azar sino fruto de décadas de lucha contra la explotación y la desigualdad, una larga lucha por la dignidad de los trabajadores que, desde su condición de proletarios oprimidos, habrían de convertirse en ciudadanos de pleno derecho.
El bienio reformista (1931–1933) registró una actividad extraordinaria por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, encabezado por Francisco Largo Caballero, quien se propuso la creación de un nuevo sistema de relaciones laborales, completo y moderno. De manera inmediata se puso manos a la obra, con su conocida serie de Decretos que, tras la aprobación de la Constitución(1), deberían convertirse en leyes.
La primera labor legislativa consistía por tanto, en regular las relaciones entre trabajo y capital sobre principios de justicia y equidad.
En este sentido fueron cruciales: la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Jurados Mixtos y la Ley de Colocación Obrera. Un proyecto que no prosperó fue el conocido por “Control obrero en la industria” que se proponía introducir una cierta participación de los obreros en la dirección y en la administración de las empresas, (conforme al art. 46 de la Constitución que, a su vez, se inspiraba en el sistema alemán de Weimar, de 1919 y que no tenía nada que cuestionase el sistema de producción vigente ...).
La Ley de Contrato de Trabajo constituía un elemento clave del nuevo derecho laboral, en que se avanzaba notoriamente hacia un mayor equilibrio en la relación capital–trabajo. Mejorando experiencias propias anteriores y recogiendo innovaciónes de otros países, esta Ley establecía una regulación muy completa y moderna, que bien merecería ser analizada con detenimiento en la época actual.
Pieza igualmente esencial, de la reforma laboral republicana fue, la institución de los Jurados mixtos profesionales, establecidos para todas las ramas de producción incluido el campo, y a los que se dota de jurisdicción y competencias muy superiores a las que habían tenido otros organismosparitarios con anterioridad.
Los Jurados Mixtos eran vistos con manifiesta hostilidad por parte de gran número de empresarios que encontraban en ellos un claro impedimento a su tradicional poder absoluto.
De marcada importancia fue asimismo la Ley de Asociaciones Profesionales –patronales y obreras– elemento imprescindible para que pudiera funcionar el nuevo sistema de relaciones laborales .
Y otra norma de gran alcance fue igualmente la Ley de Cooperativas, promulgada también en el mismo periodo.
El objetivo central de la política social de la República era la dignificación del trabajo tanto del obrero urbano como del campesino trabajador. Puso para ello los instrumentos normativos que habrían de elevar sus condiciones de trabajo y de vida así como su cobertura social.
Una de las preocupaciones primordiales del primer gobierno republicano, fue sin duda la situación del obrero campesino; hasta el punto de poder afirmarse que con los decretos y leyes de Largo Caballero, habría de llegar al campo la democracia social. La aplicación de la jornada de 8 horas, la Ley de Términos Municipales, la extensión por ley de los Jurados Mixtos al trabajo rural, la Ley de Laboreo Forzoso, la creación de Bolsas de trabajo, la regulación de los
Arrendamientos colectivos, el seguro de desempleo, la Ley de accidentes laborales agrícolas fueron, entre otras, disposiciones que cambiaron hondamente el panorama social agrario en nuestro país.
El obstruccionismo de la derecha en la tramitación parlamentaria y, sobre todo la resistencia a aplicar la nueva legislación provocó una abundante conflictividad y redujo considerablemente el alcance real de las reformas.
Por otra parte, la República emprendió una de las tareas más urgentes que se planteaba entonces en nuestro país, que era la realización de una Reforma agraria. Se creo una Comisión de reformas que daría paso a una Ley de Bases y posteriormente a la Ley de Reforma Agraria.
El Instituto de Reforma Agraria creado al efecto se encargaría de determinar las tierras a expropiar, su modo de explotación, y el asentamiento en ellas de familias campesinas.
Las dificultades jurídicas, técnicas y financieras, y especialmente la actitud de boicot a la misma, por parte de los terratenientes impidieron que se efectuara la Reforma a gran escala obteniéndose resultados de un nivel muy inferior a loque en 1931 se estimaba como necesario.
En todo caso, y pese a los retrocesos producidos con los gobiernos de laderecha (1934–1935), la Reforma Agraria era ya un hecho incipiente que se habría desarrollado convenientemente dentro de la legalidad republicana de no haber sido violentamente quebrada ésta por el golpe militar franquista.
En materia de Previsión Social, los objetivos inmediatos de la República eran: la aplicación de los convenios internacionales, el funcionamiento efectivo de las instituciones existentes, la extensión al obrero campesino de la cobertura social establecida en la industria, y los trabajos necesarios para la creación de un sistema unificado de seguros sociales.
En este sentido, el 1º de octubre de 1931 entraba en vigor el seguro de maternidad. Por Decreto de 25 de agosto de ese mismo primer año se reguló el seguro de accidentes de trabajo en la agricultura; también en esa etapa se tomaron diversas iniciativas dirigidas a organizar un seguro contra el paro: el 25 de mayo de 1931 se crea “un servicio para el fomento y régimen de la previsión contra el paro involuntario del trabajo”, mediante una Caja Nacional, dependiente del INP. En Cuanto a la aspiración de constituir en su día un sistema de seguro integral, ésta fue una preocupación constante desde la proclamación de la República, y por Orden de 10 de mayo de 1932, el Instituto Nacional de Previsión recibía el encargo oficial de preparar un anteproyecto de seguros sociales unificados. El derrocamiento de la República impediría que estos planteamientos, como tantas otras cosas, pudieran prosperar.
Por lo que se refiere a la situación de la sanidad, (dependiente, entonces, del Ministerio de Gobernación) hay que decir que nuestro país padecía un acusado retraso en relación con Europa.
Con la República, además de incrementarse espectacularmente la inversión presupuestaria en Sanidad, se dieron pasos significativos hacia un modelo de sanidad pública de carácter progresista.
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Junto a lo ya señalado la República abordó con decisión grandes cuestiones pendientes que venían impidiendo el desarrollo de nuestro país –cuestión religiosa, papel del ejercito, reconocimiento de las autonomías– al tiempo que realizaba políticas de expansión y progreso en materias como derechos de la mujer, educación, cultura popular, humanización del sistema penitenciario, investigación científica.
El impulso democratizador que significó la experiencia republicana continuó en la memoria colectiva de todo un pueblo a pesar de que la rebelión militar de 1936 truncó los proyectos de libertad y progreso colectivo que encarnaba la República
En este 75º aniversario de la proclamación de la II República la UGT quiere tributar un profundo homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que con su entusiasmo y su trabajo impulsaron y apoyaron siempre el genuino proyecto republicano de justicia social, de libertad y de progreso para el pueblo español.
Su recuerdo está vivo en nosotros –también en muchos jóvenes– y nos mueve hoy en día a defender sus mismos ideales.
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